Por Carlos Monge

El presidente Humala ha heredado un escenario de conflictos que vienen del diseño de Fujimori (grandes proyectos de inversión por sobre todas las cosas), que fue mantenido por Toledo y llevado al paroxismo por Alan García con base en la más extrema versión posible del neoliberalismo, expresada en los textos del Perro del Hortelano. No hay que olvidar que con Garcia tuvimos las huelgas amazónicas que desembocaron en Bagua y que la primera y segunda vuelta electorales terminaron con los conflictos de Rio Tambo y de Puno como telón de fondo.

Hoy estos conflictos se dan en un nuevo escenario político. El sector social rural hoy en conflicto es parte del voto duro del Presidente Humala desde las elecciones del 2006. En las elecciones del 2011 Humala hizo campaña en ese sector (están los videos de Cajamarca) con un discurso pro agua y pro agricultura y pro consulta, leído localmente como antiminero. Esta base social no entiende ni acepta la corrida al centro expresada en el Compromiso con el Pueblo Peruano y después en la Hoja de Ruta, ni los acomodos con Peru Posible para ganar la segunda vuelta, ni menos la presencia de un núcleo duro neoliberal con posición hegemónica en el gabinete.

Y además, se ha promulgado la Ley de Consulta –que genera expectativas de que la gente será escuchada- y desde el Ministerio del Ambiente un nuevo equipo se la juega por la protección del medio ambiente, sin estar totalmente subordinado al MINEM o al Presidente, como fue la experiencia anterior.

El conflicto en general es pues básicamente el mismo: rechazo a la minería y los hidrocarburos por sus impactos negativos sobre las fuentes de agua y el bosque, y pelea redistributiva por acceder a los recursos que generan las actividades extractivas. Pero la gente tiene hoy más expectativas de que sus demandas sean atendidas.

Para prevenir esta situación el gobierno pudo haber iniciado su gestión con un shock legislativo y una mega concertación política. El shock legislativo debería haber incluido la moratoria de nuevas concesiones mineras y de hidrocarburos; la suspensión de proyectos en curso; la Ley de Consulta, la estrategia de ZEE y la Ley de Ordenamiento Territorial, y cambios a Ley de Canon; la transferencia de estudios de impacto ambiental del MINEM al MINAM. Este shock legislativo debería de haber estado basado en una convocatoria a los GRs y GLs para diseñar estrategia conjunta relativa a la gestión de los territorios en donde hay recursos naturales no renovables.

Me parece que medidas como estas hubiesen anunciado la voluntad política de crear un nuevo marco institucional para las actividades extractivas y –creo- calmado los ánimos, sin pretender por supuesto la desaparición total del conflicto, que es propio de la naturaleza humana.

Ahora, ya con el conflicto encima, me parece que hay que tomar urgente medidas como las siguientes. En el caso del Proyecto Conga, suspender toda actividad hasta que el MINAM haga un nuevo estudio impacto ambiental; y después de ello someter el proyecto al proceso de consulta en marco de la nueva Ley. Se dirá que ya se consultó, pero sabemos que el 70’% de los que participó eran beneficiarios directos del proyecto. En el caso de Andahuaylas y Chincheros: suspender toda actividad minera; suscribir un acuerdo con el GR y los GLs y las organizaciones sociales para realizar una ZEE participativa como la hecha en Cajamarca; y diseñar con GR estrategia conjunta contra la minería informal. En el caso de Huaraz: presentar proyecto de ley para modificar ley de canon evitando que distrito productor se beneficie tres veces y la provincia productora dos veces; y abrir debate con GRs y GLs sobre descentralización fiscal.

Estas medidas y el paquete legislativo más amplio pueden desentrampar los conflictos actuales y prevenir que la ola siga.

En términos más generales, es momento para que el gobierno reflexione y haga cambio programático, de fondo, en su estrategia general en relación con las extractivas.

Opino que la actual estrategia se basa en la idea de que la inversión minera debe ser el motor del crecimiento y la fuente financiera de los programas sociales en los que se concreta la idea de la inclusión social. De hecho, el anuncio sobre la negociación de los 3 mil millones de dólares de nuevas contribuciones del sector minero venía acompañado del anuncio de una cartera de inversiones mineras de más de 40 mil millones de dólares. El problema es que esa cartera contiene una serie de proyectos, como los de Conga, Rio Blanco y Tia Maria que no tienen viabilidad ecológica ni legitimidad social.

Me parece que es tiempo de reconocer que esa apuesta está equivocada, que su implementación tendría que hacerse con un alto costo ambiental –sobre todo en las fuentes de agua-, y con un alto costo social y político. Me parece que es tiempo de pensar en una estrategia que ponga el peso en la diversificación de las fuentes de renta pública, empleos, divisas y energía, para que el Peru sea menos dependiente de las industrias extractivas y su crecimiento y el bienestar de la gente se basen en el uso sostenible de nuestros recursos renovables.

Sigue el Debate:

Javier Torres: En busca de un pacto minero

Javier Diez Canseco: Zonificar para no especular

David Rivera: En busca de señales perdidas

Sandro Venturo: Detrás del escenario

Cecilia Blume: El principio es la autoridad

Miguel Santillana: Una cosa es con guitarra y otra con cajón