Detrás del escenario
Por Sandro Venturo.
La desesperación. Se cumplen los primeros cien días del nuevo Gobierno y se cumplen también los vaticinios de la temporada electoral. Los conflictos están reventando en las zonas más calientes del país y quien esté sorprendido debería revisar los mecanismos de su memoria. Sabíamos que el triunfo de Ollanta iba a disparar diversas expectativas en las regiones más pobres, mucha gente está esperando cobrar viejas deudas sociales y políticas. También sabíamos que la promesa de una fuerte inclusión llegaba tarde en las últimas elecciones pues la inquietud de los más pobres viene creciendo en relación directa al crecimiento y la expansión de las clases medias en la última década. Ya estamos, pues, donde nos tocaba estar.
La cosa se agrava dado que Humala ha continuado su acelerado curso de moderación a favor de una gobernabilidad que todavía no está asegurada. Las encuestas últimas nos señalan que el sur andino está desilusionándose rápidamente del humalismo, a pesar del cumplimento de algunas promesas como Pensión 65 y el impuesto a las sobreganancias. Las noticias de estos días muestran a grupos de la población con escasa disposición para el diálogo, exigiendo la inmediata repartición de los beneficios, a costa de atemorizar a la inversión interna y la transnacional. El Gobierno tiene que lidiar con su propio código de barras.
La disputa. A diferencia de los gobiernos anteriores, donde los conflictos sociales agrupaban reivindicaciones locales dispersas en alianza con núcleos políticos opositores al neoliberalismo, hoy está en disputa el liderazgo de la radicalización de las demandas sociales. Ciertas poblaciones presionan para que el Presidente gobierne para sus electores de la primera vuelta, mientras los integrados al modelo demandan que gobierne para los electores de la segunda vuelta.
Cajamarca es un buen ejemplo: el Presidente Regional (Santos) y el Presidente del Frente de Defensa (Saavedra) están disputándose el liderazgo antiminero y tienen de aliados a líderes políticos ecologistas (Arana, Seifer, etc). Si bien cada quien juega su propio partido -y hasta declaran uno contra el otro-, tienen algo en común, a saber, la liquidación de la gran minería en lo que llaman las cabeceras de cuenca de Cajamarca.
Aquí no está en juego el diálogo ni la deliberación técnica sino el pulseo contra un Gobierno que se está pasando al otro bando.
La confusión. Por un lado, la gente teme razonablemente por sus recursos hídricos pues todavía subsisten las secuelas de la vieja minería así como de la minería ilegal. Y cuando los ciudadanos se enfrentan a nuevas propuestas tecnológicas, no las comprenden porque en sus mentes predomina la imagen de una minería que contamina y de unas transnacionales mineras que se lo llevan todo. Sin embargo, al mismo tiempo, en las principales zonas mineras del país sólo un 10% rechaza la minería frente a una gran mayoría que espera ser parte de sus beneficios (Ipsos Apoyo para la SNMPE, 2009, 2010).
En esta tensión, entre el temor ambiental y las expectativas de integración, existe no sólo confusión sino una idea perversa, a saber, que a las mineras se les saca más si se les ajusta, arrincona y derrota moral y políticamente. Un ejemplo: existen demasiados casos de alcaldes que lideran protestas antimineras para sentarse en la mesa a negociar más recursos (y esto aunque su capacidad de gasto del canon minero sea en extremo mínimo).
En otras palabras, los mecanismos de negociación están viciados o son corruptos. Urge un sinceramiento de los intereses en juego.
Las propuestas. Existen diversas propuestas circulando en las redes virtuales, los foros de debate y las conversaciones casuales acerca de cómo procesar los conflictos sociales. Algunas de ellas se guían por las noticias sin conocer qué sucede detrás del escenario. Otras, muy interesantes, no encuentran lugar en un escenario de crisis. Por último, existen propuestas generales y pendientes que ni el Gobierno ni el Congreso están incorporando en su agenda.
Toda crisis expone problemas de fondo y esto resulta más evidente cuando los conflictos relacionados a las industrias extractivas son cíclicos y recurrentes. Algunas referencias:
El Estado, no sólo el Gobierno, no lidera los procesos de EIA, por el contrario expone y deja solas a las empresas frente a poblaciones razonablemente desconfiadas y con demasiados pendientes. No propone, va detrás de la inversión y de sus técnicos.
Las empresas terminan asumiendo demandas que las exceden y que luego les revientan en la cara. Cuando se politiza el debate técnico no hay forma de dar la cara frontalmente, quedan descolocadas.
Los políticos locales aprovechan esta confusión para acumular efímeros puntos políticos que tarde o temprano los llevan al desperdicio de oportunidades (para sus representados) o al incremento de la desconfianza.
Las poblaciones presionan por beneficios inmediatos complaciendo a todos los auditorios posibles, calculando con quién pueden sacar más. Sus apuestas son erráticas, las negociaciones mal jugadas las fragmentan.
No existe, entonces, una agenda compartida ni un Estado capaz de liderar su elaboración. Ese es un gran reto para este Gobierno. Toda crisis es también una invitación a la innovación.
Sigue el Debate:
Javier Diez Canseco: Zonificar para no especular
Carlos Monge: Reacción al conflicto social en torno a la minería
Javier Torres: En busca de un pacto minero
David Rivera: En busca de señales perdidas
Miguel Santillana: Una cosa es con guitarra y otra con cajón
