Por David Rivera.

Primero, nadie podría asegurar tener una receta para evitar que el gobierno enfrentase este escenario en tan solo tres meses. Decir lo contrario sería puro bluf. Los motivos detrás de lo sucedido se arrastran de tanto tiempo y son en algunos casos tan estructurales, que más que una salida, en el corto plazo lo que se requiere es de su manejo político mientras se construye una solución de fondo y de largo plazo.

En este sentido, el planteamiento de posibles manejos y soluciones pasa por la identificación de los problemas. A nuestro entender, tres son los principales:

Un Estado ausente e indiferente, que le exige a los ciudadanos respeto por las leyes pero que no respeta sus responsabilidades elementales con ellos. Recuerdo cuando en el 2004 tuve la oportunidad de pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas para mirar de cerca el proceso de descentralización. Se produjo un levantamiento en Puno por la discusión sobre las zonas francas, a las que se oponía el todo poderoso MEF. Un entonces asesor del ministerio señaló: “pero no podemos responderles que no a todo y no darles una alternativa. Pueden estar equivocados pero están buscando soluciones para su situación”. Acto seguido, propuso a la dirección correspondiente generar un plan para la región en el cual se identificaran oportunidades de desarrollo, y que el MEF se encargase luego de acompañar su ejecución. Obviamente no solo no se hizo nada, sino que podía percibirse desidia y hasta sorna frente a este tipo de propuestas. ¿Se imaginan si hace siete años alguien en el gobierno central hubiese tomado con seriedad la generación de planes de desarrollo para las zonas más pobres del país? ¿Qué tal si lo hacemos ya? Solución de mediano-largo plazo.

Lo segundo. La minería arrastra un problema de credibilidad que será muy difícil de solucionar en el corto plazo. Mientras comenzaba a escribir este comentario veía un debate televisivo entre el padre Arana y uno de los especialistas encargados del diseño ingenieril de los reservorios de agua para el proyecto Conga. Conclusión. El padre Arana no pudo objetar con sustento ninguna de las características técnicas del proyecto, que tal como está presentado parece haber sido elaborado con estándares técnicos adecuados. Pero lo que el padre Arana sí pudo detallar fue una serie de hechos pasados y algunos presentes (como juicios presentes contra autoridades locales de parte de Yanacocha) que creaban un velo de desconfianza y de falta de credibilidad sobre las “buenas” intenciones de la minera, que él, claro está, se encargaba de alimentar. ¿Cómo solucionar estos pasivos de imagen que han sido construidos durante tanto tiempo y con tanta casuística? ¿Cómo pedirle a la gente que no mezcle minería informal, con Doe Run, con Shougang y con mineras formales como Southern que hicieron todo lo que pudieron contra el medio ambiente? Se requiere tiempo para demostrar que la minería formal se maneja ahora con otros estándares. Pero se requieren además señales de corto plazo, lo cual nos lleva al tercer punto.

El manejo de corto plazo de los conflictos requeriría al menos de algunas cuentas señales políticas. El presidente Humala y muchos de sus actuales funcionarios no solo han estado al lado de quienes hoy protestan contra la minería, sino que se han encargado de alimentar posiciones radicales. Es necesario que hoy expresen por qué su punto de vista ha cambiado y por qué la minería formal bien gestionada puede ser importante para el desarrollo de las regiones en el país. Se trata de ejercer un real liderazgo. Segundo, se requieren de señales concretas de cambio. Si la población desconfía de que sea el Ministerio de Energía y Minas el encargado de supervisar los Estudios de Impacto Ambiental, ¿por qué no evaluar su traslado el Ministerio del Ambiente, la creación de un organismo supervisor independiente o la creación de algún esquema que genera confianza? Tercero, anunciar si este gobierno procederá o no con la demarcación territorial y cuál será el proceso que se seguirá para su implementación, nada sencillo por cierto y que podría despertar más bien conflictos. Cuarto, las mineras, lejos de iniciar campañas de marketing (bastante absurdas) para tratar de demostrar que generan valor agregado, deberían preocuparse efectivamente por iniciar programas de “responsabilidad social” que apunten a utilizar la minería como palanca para la generación de actividades que generen un desarrollo más inclusivo en las regiones del país. Experiencia internacional existe en países que han tenido la visión para dar el salto. No me queda claro que sea del interés de la mayor parte de mineras en nuestro país.

Todo esto no garantiza, en lo absoluto, la desaparición repentina de los conflictos sociales, que sin lugar a dudas continuarán. Pero en realidad lo que más preocupa es que más allá de las señales y medidas puntuales que pueda tomar el gobierno para gestionar los conflictos sociales en el corto plazo, no está dando señales de que tenga claro cómo afrontar un problema más estructural: cómo llevar desarrollo productivo a las regiones más pobres del país. Mejorar la gestión y cobertura de los programas sociales es indispensable, pero para convertirse en el mejor gobierno de la historia del Perú y no morir en el intento, como las administraciones de Toledo y García, se requiere de mucho más.

Sigue el Debate:

Javier Diez Canseco: Zonificar para no especular

Carlos Monge: Reacción al conflicto social en torno a la minería

Javier Torres: En busca de un pacto minero

Sandro Venturo: Detrás del escenario

Miguel Santillana: Una cosa es con guitarra y otra con cajón

Cecilia Blume: El principio es la autoridad