la mafia se reacomoda

Zonificar para no especular

Publicado: 2011-11-15

Por Javier Diez Canseco.

Desde los gobiernos anteriores se ha forjado una profunda desconfianza hacia las autoridades, pues un sector del pueblo siente que estas sirven a los intereses de las mineras y no escuchan a la población.

Analizando los casos recientes, entiendo que la única entidad del Estado que respondió el pedido original del pueblo andahuaylino sobre la minería informal y sobre la planta de procesamiento de minerales que el Gobierno Regional de Apurímac autorizó, fue el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, de todos modos demoró en tomar iniciativa para abrir los mecanismos de diálogo. Creo que hay conflictos que obedecen a una política del sector minero, que ha sido ningunear permanentemente a la población, presentar Estudios de Impacto Ambiental no confiables y mantener una altísima concentración de la riqueza sin beneficios concretos para la población indígena y campesina local. Recordemos que el convenio 169 de la OIT obliga a que las comunidades nativas originarias, como las quechuas, las aymaras y las amazónicas, reciban beneficios concretos de las operaciones que se realicen en su territorio.

El tiempo para evitar estos conflictos surgidos ha sido corto, pero aun así, una reacción más rápida de diálogo en Andahuaylas, habría podido frenar el tema.

Por otro lado, en Cajamarca la situación es distinta y más compleja, porque en las últimas semanas algunos voceros del Gobierno han anunciado, como un hecho innegable, que habrá explotación minera en Conga. Tenemos que entender que entre la población de la zona minera cajamarquina hay una gran desconfianza justificada por varias experiencias respecto de los Estudios de Impacto Ambiental. Lo razonable, en mi opinión, es atender la posición del Ministerio del Ambiente, que propone reevaluar los estudios en su seriedad y abrir un mecanismo de diálogo con la población. Está clarísimo -para todo el que quiera ver- que el proyecto Conga no tiene licencia social. Si la tuviera, no se estaría registrando el conflicto actual. Pretender que estas protestas son obra de agitadores es una sonsera porque la gente conoce, en su vida práctica, los beneficios y los perjuicios que le producen estas operaciones de la gran minería, y han vivido experiencias concretas. En esto hay que ser razonables y supervisar de cerca a las empresas mineras que faltan el respeto a la población, corrompiendo organizaciones y dirigentes, falseando actas de asambleas. Se debe exigir que tengan una actitud respetuosa, y el que el Gobierno fiscalice el cumplimiento del mencionado convenio 169.

Si yo tuviera la potestad de tomar las decisiones directamente, lo primero que haría sería disponer una zonificación del país, de forma que se tengan los territorios claramente identificados, donde se distingan zonas donde hay recursos naturales, zonas donde hay orígenes de agua, donde se concentra la producción agrícola, etc., de forma tal que se pueda saber dónde no habrá explotación minera. Esta zonificación económica ecológica sería lo primero que haría. De inmediato, buscaría reglamentar la Ley de Consulta Previa, que se aplica no solo a los pueblos amazónicos sino a los quechuas y aymaras, y procedería a una revisión de las concesiones otorgadas. El Perú tiene el 75% de la amazonía concesionada, y en la zona andina bordea este índice bordea el 20%. Muchas de esas concesiones son puramente especulativas; yo creo que tranquilizaría mucho establecer un plazo para las concesiones y, si este plazo no se cumple con presentan los estudios ambientales y si no se aplica la Ley de Consulta Previa, se anula la concesión, así de sencillo. También aumentaría el costo del mantenimiento de las concesiones, que actualmente es mínimo, de forma tal que se desaliente esta especulación. Y, por supuesto, diseñaría un mecanismo bastante más constante de consulta y de información a la población.

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Carlos Monge: Reacción al conflicto social en torno a la minería

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La mula

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